Este martes agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con la colaboración de investigadores de otras oficinas del OIJ, se encuentran realizando un total de 22 allanamientos en diferentes partes de Puerto Jiménez, Buenos Aires y Pérez Zeledón, donde se pretende detener a 9 personas, quienes figuran como sospechosos de los aparentes delitos de Tráfico Internacional de Drogas y Legitimación de Capitales.
De acuerdo con el informe preliminar, esta investigación inició en el año 2021, luego de que se recibió una serie de informaciones, donde se exponía que un masculino de 43 años junto a su pareja sentimental, una
femenina de 31 años, aparentemente tuvieron un crecimiento exponencial de su patrimonio, sin supuestamente poder justificar los altos ingresos.
A través de las diferentes diligencias, se pudo determinar que al parecer la pareja lideraba una organización criminal, que presuntivamente se dedicaba a trasegar cargamentos de droga tipo cocaína desde la Zona
Sur del país hasta los Estados Unidos.
Se presume que este grupo criminal aparentemente se dedica a legitimar capitales mediante la venta de celulares, un aserradero, una farmacia, así como comercialización de reses y caballos.
También, se pudo determinar que al parecer contaban con la colaboración de dos funcionarios, uno de la Policía de Tránsito y una del Poder Judicial, ambos destacados en el cantón de Pérez Zeledón.
Es importante mencionar, que a esta organización se le logró materializar un decomiso de 4 kilogramos de aparente droga tipo cocaína y 35 millones en efectivo en agosto del año pasado, en el sector de Pérez Zeledón.
Durante estas acciones policiales desarrolladas desde esta mañana, además, de detener a estas personas como sospechosas de los delitos anteriormente mencionados, se pretende decomisar evidencia de relevancia para la investigación; además, se van a anotar varias propiedades e incautar vehículos de alta gama, ganado equino y vacuno.
Los detenidos serán puestos con un informe ante el Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.
