En Costa Rica, denunciar una estafa electrónica rara vez se traduce en justicia. Según datos del Poder Judicial, entre enero y abril pasado, solo 7 de los 7.727 casos resueltos por este delito culminaron con una sentencia condenatoria. Esta cifra representa apenas el 0,09% del total, lo que confirma que menos de una denuncia por cada mil presentadas termina con un castigo formal.
La razón detrás de este fenómeno es clara: la mayoría de los expedientes se pierden en etapas preliminares, ya sea en el Ministerio Público, donde se desestiman por falta de pruebas o viabilidad legal, o en los juzgados, donde se archivan sin llegar a juicio.
En detalle, solamente en temas de desestimaciones, la Fiscalía y los juzgados descartaron 4.305 denuncias por este motivo, lo que representa más del 55% de todos los casos tramitados en lo que va del año.
Esta tendencia no es nueva. En 2024 también se desestimaron 6.449 causas en el Ministerio Público y 5.850 en los juzgados, para un total de 12.299 expedientes cerrados antes de llegar a juicio. En ese mismo año, solo 22 casos concluyeron con una sentencia condenatoria.
La suma entre ambos periodos eleva la cifra de desestimaciones a más de 16.600 en apenas 16 meses.
El patrón es evidente: el sistema penal no está logrando procesar ni sancionar de manera efectiva este tipo de delito, mientras los ciberdelincuentes siguen actualizándose en nuevos métodos para afectar a la ciudadanía.
“Mientras los números revelan una tasa muy baja de condenas, lo que realmente debería alarmarnos es el cuello de botella investigativo: la policía judicial no cuenta con suficientes analistas forenses para todo el país, dando como resultado lo evidenciado. Sin inversión sostenida en pericia digital y cooperación entre el sector público y privado, cualquier reforma legal se quedará corta ante la creatividad y crecimiento del fraude en línea.”, Aldo González, Director de la Carrera de Ciberseguridad de la Universidad Internacional Universae (UIU).
Por ello, es urgente la capacitación de profesionales y, en ese sentido, la UIU da un paso firme al lanzar seis certificaciones internacionales en ciberseguridad, diseñadas para formar talento altamente capacitado y responder a la creciente demanda de especialistas en esta área crítica.
“El ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2024 calcula un déficit global de 4,8 millones de profesionales aproximadamente, donde en América Latina se reduce ligeramente en un 0,9 %; además, 67 % de los equipos, indiferentemente del sector, declaran falta de personal y 90 % reconocen brechas críticas de habilidades, osea profesionales en ciberseguridad y no especialistas de productos, lo que eleva el riesgo operativo de las organizaciones. Frente a ese panorama, Costa Rica lanzó, con apoyo de la OEA y el MICITT, el Marco Nacional de Formación de Fuerza Laboral en Ciberseguridad, alineado a la Estrategia Nacional de ciberseguridad 2023-2027 y se encuentra estructurado en cinco ejes estratégicos (gobernanza, cultura, currículo escolar, educación superior-investigación y entrenamiento-certificación) para cultivar talento especializado. En ese marco, la ruta de certificaciones que ofrece la Universidad Internacional UNIVERSAE, contemplando desde EC-Council CEH y sus variantes ofensivas (CTIA, CSA), pasando por la gestión inicial y estandarizacion (LCSPC e ISO 27001 Lead Auditor, de Certiprof), hasta la CISSP de ISC2, actúa como puente inmediato entre la demanda urgente del mercado y la oferta local de profesionales cualificados, contribuyendo a cerrar la brecha con credenciales reconocidas internacionalmente.”, replicó González.
Con unas desestimaciones que superan ampliamente las condenas que no llegan ni al uno por ciento, la justicia digital en el país enfrenta una crisis silenciosa, pero sostenida.
Así las cosas, Costa Rica se encuentra en una etapa decisiva para definir su capacidad de defensa digital. Formar profesionales en ciberseguridad es apostar por la sostenibilidad de sus instituciones, la protección de sus ciudadanos y el fortalecimiento de su soberanía tecnológica.
